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Revista INTERACCIÓN No. 34 - Sección INTERVISIONES

PERIODISMO CON LA CIUDADANÍA:

Un nuevo paradigma para la participación, la deliberación y la construcción democrática

Por: Gladys Daza Hernández


" align="left" vspace="10" hspace="10"> 1. UN EJERCICIO CADUCO

El diccionario de la Real academia española define el periodismo como: “Captación y tratamiento, escrito, oral, visual o gráfico, de la información en cualquiera de sus formas y variedades”. Y al periodista se le define como: “Persona legalmente autorizada para ejercer el periodismo. Persona profesionalmente dedicada en un periódico o en un medio audiovisual a tareas literarias o gráficas de información o de creación de opinión”. Los escritores ocasionales en columnas de opinión no pueden llamarse periodistas en este sentido de la definición. Son escritores en periódicos, revistas y otros medios, comentadores del acontecer o columnistas.

" align="right" vspace="10" hspace="10">Es claro que la función de la captación y tratamiento de la información pertenece al ejercicio periodístico en su dedicación profesional, en su tradición y proceso histórico.

La discusión y el debate sobre el periodismo empírico y el profesional, producto de la preparación académica, es recurrente en Colombia y en América Latina.

A pesar de los esfuerzos por una preparación profesional de calidad de parte de las escuelas de comunicación del continente, es frecuente encontrar discursos académicos descontentos con los currículos vigentes: necesidad de incorporar sociología histórica de la profesión y programas de investigación que los sustenten (F. López, Diálogos 66, 2003:13).

Por otra parte, la constatación de pérdida de credibilidad de los medios masivos de información, remiten a una consideración más profunda de un ejercicio informativo desgastado, caduco e inapropiado para las expectativas de los movimientos sociales mundiales que claman: “otro mundo es posible”, “otro periodismo en posible”, y se niegan a encajar en el único mundo de la lógica de la globalización planetaria.

En este siglo XXI asistimos a una nueva etapa de reactivación social que busca romper el aislamiento de las luchas particulares de los grupos para articularse en una convergencia internacional que les asegure una mayor eficiencia en sus propósitos. La cumbre de la tierra convocada por la ONU en 1992 en Río de Janeiro Brasil marcó un hito de irrupción de organismos de la sociedad civil en las instancias mundiales. Este nuevo espacio de acción ciudadana ha contribuido a estimular y potenciar dinámicas convergentes entre los actores involucrados, las cuales se han traducido en numerosas redes regionales y mundiales, sobre todo, de ONGs (ALAI, 2001:76).

Los cambios operados en la percepción de la gente de la realidad social, de los flujos informativos de poder han contribuido a la búsqueda incesante de una democratización de la información, de la comunicación, entendida no sólo como acceso a la información de interés público, a fundar medios comunitarios, sino más aún, a participar activamente como fuente informativa de los medios masivos en los procesos de deliberación ciudadana, sobre los asuntos, cuyas decisiones gubernamentales les competen y les afectan en su calidad de vida.

Con ese trasfondo de la dinámica social, se han dado las experiencias del llamado “periodismo cívico”, “periodismo social”, “periodismo ciudadano” o “periodismo participativo”. Todas esas denominaciones tienen en común: la participación, la deliberación, y la construcción democrática de la ciudadanía, a nivel local, regional nacional e internacional. Aunque algunas experiencias tienen un matiz de proselitismo político, como en Estados Unidos.

Algunos posgrados de periodismo están orientados hacia esa dirección y en la formación de pregrado se adelantan algunas experiencias prácticas en Colombia y en otros países del continente. Así mismo, el énfasis de comunicación para el desarrollo es recurrente en las escuelas de comunicación, como posible dedicación laboral de sus egresados, ante la saturación del mercado ocupacional con el perfil profesional tradicional.

2. MARCO JURÍDICO

Los estudios realizados por la UNESCO a nivel mundial en el campo de la información y la comunicación han demostrado que la sociedad civil organizada ha reclamado progresivamente su rol en los procesos de selección, tratamiento y difusión de la información de interés público. Este rol no se restringe sólo al acontecer cotidiano noticioso, sino más aún, al derecho fundamental a la información y a la comunicación consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los derechos del hombre: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, y el de difundirlos sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Inspirada en este principio, la Constitución Colombiana de 1991 consagró en su artículo 20 el derecho a la “información veraz e imparcial” y el fundar medios masivos de comunicación.

“Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura” (Articulo 20).

De allí se desprende como consecuencia que no es concebible la democracia sin una participación ciudadana en sus redes de información, ya que ésta constituye un poder que tradicionalmente han pretendido monopolizar los que detentan el poder en lo económico y lo político. En otras palabras, de una minoría hacia las mayorías.

La inversión de esta lógica supone hacer cambios sustanciales en la estructura social imperante, en cuanto al protagonismo y el derecho a informar y ser informado del público.

Los ciudadanos deben tener informaciones completas y veraces y no distorsionadas de la realidad de su entorno, del país y del resto del mundo y de los planes y actuaciones de quienes detentan el poder. De ese modo, estarán en posibilidad de formarse sus propias opiniones, las cuales puedan expresar y difundir por los medios locales y masivos de información.

Por su parte, la Corte Constitucional ha venido haciendo jurisprudencia sobre las responsabilidades del Estado frente a los medios masivos de comunicación, tales como: no interferir, obstruir o impedir el desarrollo libre y autónomo de las funciones que les competen a dichos medios; producir la normativa que sea necesaria para impedir que otras fuerzas sociales o poderes frenen el ejercicio del derecho a informar y ser informado y a fundar medios masivos de comunicación; y por último, propiciar y garantizar el ejercicio pleno por parte de todos sus titulares de los derechos fundamentales, los cuales, a su vez, son garantía del desarrollo efectivo del derecho a la información.

De lo anterior se desprende que es deber de los funcionarios públicos garantizar este derecho, siendo por una parte, fuentes veraces de información de su gestión pública, y por otra, propiciadores de la participación de la ciudadanía en esa gestión, mediante el acceso informativo real y oportuno a sus planes de gobierno, sobre los cuales los ciudadanos ejerzan una veeduría permanente que facilite los balances entre lo planeado y lo ejecutado.

El primer paso en la creación de una plataforma de comunicación basada en el diálogo en los medios masivos de comunicación es asegurar la apertura y la oportunidad para que cualquiera participe.

Un periodismo cívico, y comunitario, por lo tanto, es aquel que hace posible la participación activa de los actores sociales que intervienen en todo el procesamiento de la información de interés público. Así, los equipos de producción de la información para cualquiera de los medios actúan como mediadores entre los diferentes actores locales que desean estar en contacto entre sí a fin de saber más sobre los problemas que afectan a todos, o para establecer redes o movimientos sociales. En este periodismo de precisión prevalece el bien colectivo sobre los intereses particulares.

Es eminentemente un trabajo en equipo, comunitario donde las diferentes visiones e intereses son difundidas como referentes que hagan posible la formación de una opinión pública consistente.

De otra parte, el artículo 20 de la constitución del 91 es muy explícito al consagrar la libertad de toda persona para informar y recibir información. Por lo tanto, considerar a la ciudadanía como fuente informativa, es un derecho y no un gesto generoso de parte de los medios de información.

Los informadores son los encargados de dar forma al acontecer, a la realidad social, a los acontecimientos, de darle el tratamiento que cada hecho noticioso se merece de acuerdo con la relevancia que posea para el interés público.

Medios que se mueven al ritmo de los “rating” de sintonía, como la televisión, han caído en la mediocridad de darle relevancia en espacios de gran audiencia a ofertas programáticas de entretenimiento grotescas y carentes de valores humanos. Así mismo, los telenoticieros se convierten en info-shows, en espectáculos – vitrinas del acontecer, que conducen a la trivialidad y reflejan la falta de responsabilidad social que consagra la ley: los medios “son libres y tienen responsabilidad social”.

3. NUEVO PARADIGMA

En el modelo tradicional informativo, cuando se habla de informar se hace énfasis en la labor del emisor, así como el informarse, es una acción que corresponde al receptor. Este razonamiento pertenece a una concepción lineal, vertical y unilateral del proceso informativo, así como a una visión simplista de la realidad social y del ser humano, por naturaleza complejos y misteriosos.

Los actores de la información en un nuevo paradigma entran a participar como fuentes del acontecer, función no reservada a los que desempeñan cargos oficiales, políticos, militares, gubernamentales, empresariales o que tienen un rol protagónico en los acontecimientos.



No se puede relegar a la ciudadanía al papel pasivo de consumidor de información sesgada y acomodada a las mediaciones estructurales del medio informativo. Mientras más fuentes se consulten, más elementos se tienen para armar la verdad, la cual es una, aunque se adquiera en distintos grados de compleción.

La libertad de información no puede ser sólo la libertad del informador, el cual ya tiene el poder de la selección, inevitable, porque la superabundancia de información tiene el peligro de esconder lo relevante.

Pero, por otra parte, la selección de lo noticioso no debe convertirse en orquestación o resonancia de las fechorías de los violentos, quienes buscan publicidad de su poder bélico para amedrentar a la ciudadanía. Aquí debe primar el sentido de equidad, de modo que no suceda lo que actualmente en Colombia, sólo existe el conflicto armado y la crónica roja según el predominio informativo de los medios, sobre todo, de la televisión, lo cual ha conducido a la insensibilidad ciudadana, al hastío y a la búsqueda de otros espacios menos torturadores para el público.

Esa otra Colombia mayoritaria, que llena de esperanza trabaja cotidianamente en la reconstrucción del país, que hace ciencia, cultura, educa y participa en lo que dignifica y engrandece al ser humano, desaparece sistemáticamente de la agenda informativa de los medios masivos.

El deporte y la farándula constituyen, según ellos, la cara amable en medio de la tragedia cotidiana presentada.

Un nuevo paradigma informativo es reclamado mundialmente bajo diversas denominaciones: “nuevo periodismo”, “fuerza cívica ciudadana” etc.

El concepto de información en la ciencia contemporánea incluye la disponibilidad de los mensajes y el uso humano que se hace de ellos (Piñuel, 1995:29).
Esto reclama una ética que conduzca a los informadores a actuar en función de su conciencia y no según los intereses de la empresa informativa que los contrata, como lo expresó en un discurso en un foro en Bogotá en el 2003, Ignacio Ramonet, director de Le Monde Diplomatique.

Los medios de comunicación no son sólo instituciones emisoras de mensajes, sino también instituciones sociales, implicadas en la trama institucional desde la que informan, para la que informan y sobre la que informan (Morato, 1996:74).

Por tanto, un periodismo orientado a la construcción de democracia ha de poner el énfasis en la fuerza cívica de la participación ciudadana, más allá de los intereses empresariales mercantiles y mezquinos.

Romper esquemas caducos no es tarea fácil y menos en estos tiempos en los que las hiperempresas mediáticas son ahora actores centrales de la globalización económica, pero aun los grandes imperios han sido derribados por las fuerzas de las grandes mayorías. Será un proceso lento en el devenir histórico que requiere seguridad y perseverancia para consolidar fuerzas sociales significativas en la participación y la deliberación ciudadanas.

“Estamos asistiendo a la gestación de un movimiento social de dimensión planetaria, que se fortalece desde las luchas locales y territoriales, pero que se articula a nivel global para ejercer una importante presión en los gobiernos y los organismos multilaterales” (ALAI, 371: 15).

El derecho a la información veraz, relevante y analítica va unido a este clamor ciudadano que sin duda repercutirá en un cambio del paradigma informativo imperante en la actualidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALAI, (2003) América Latina en movimiento, No. 371 Julio, Quito – Ecuador.

- Morato del Rey, Javier, (1996) Democracia y posmodernidad, Madrid,
Editorial Complutense.


- Piñuel, José Luis y otro, (1995) Metología general. Conocimiento científico e investigación en la
comunicación social, Madrid, editorial Síntesis S.A.

- Ramonet, Ignacio (2003) en Un periódico No. 50 Septiembre 21, página 4 Bogotá, universidad Nacional.

- UNESCO (1999) Informe mundial sobre la comunicación, Madrid.



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